Los okupas de la calle Urgell denuncian al dueño legal del piso por violar su intimidad
La situación se complica por momentos en el inmueble de la calle Urgell. Los okupas denunciados por el propietario de la vivienda, Carlos Veiret, por usurpación formularon el jueves una denuncia ante los Mossos d?Esquadra por violación del derecho a la intimidad. Los denunciantes aseguran que un cámara de televisión, que no lograron identificar, trató de grabar la vivienda a través de la mirilla de la puerta. Los hechos ocurrieron cuando el propietario escenificaba delante de las cámaras su impotencia por entrar a su casa. Uno de los ocupantes de la vivienda ratificó ayer esta denuncia que no va dirigida contra nadie en concreto, sino contra las personas que puedan ser identificadas a lo largo de la investigación policial. La denuncia fue formulada en la comisaría del Eixample.
El propietario del piso hizo público el miércoles su situación tras varias semanas sin poder entrar en la vivienda que había heredado y que tenía previsto reformar para habitar en unas semanas. Veiret denunció que cuatro personas se instalaron en ella el pasado 28 de noviembre, al parecer - y según la versión de los ocupantes-, engañados por una mujer que les cobró 1.200 euros por dos meses de alquiler. En el piso habitan cuatro personas de origen chileno: Cristhian Andrés V. C., de 30 años; Luis Daniel A. C., de 33; Ximena Cecilia P. C., de 20, y su madre Patricia de las Mercedes C. C., de 41. Los inquilinos se aferran al dinero "que nos han estafado" para permanecer ocupando la vivienda.
Uno de los ocupantes de la vivienda, Luis D. Álvarez, aclaró ayer que "uno de los periodistas quiso grabar el interior del piso desde el exterior". Por eso, decidieron interponer la denuncia. No es la primera vez, que los inquilinos recurren a los Mossos. En la primera ocasión, llamaron cuando comprobaron que Carles Veiret había entrado en el interior de la vivienda. Es más, en esa ocasión, según explicó el propietario, los agentes le amenazaron de que los ocupantes "le podrían haber puesto una demanda por allanamiento de morada y agresión", ya que Veiret perdió los nervios y sacudió por las solapas a Luis D. Álvarez.
Entre tanto, las diligencias judiciales siguen su curso y el propietario, Carles Veiret, está citado para declarar el próximo lunes ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, mientras que los inquilinos lo harán el próximo día 25. Dicho juzgado recibió el pasado 28 de noviembre, cuando estaba de funciones de guardia, la denuncia manuscrita del dueño de la vivienda de la calle Urgell con copias de documentos del registro civil que lo acreditaban como propietario del domicilio. La magistrada incoó diligencias previas por un presunto delito de usurpación de vivienda y, el 29 de noviembre, envió por fax un oficio a los mossos para que comprobaran la veracidad de la denuncia antes de adoptar cualquier resolución sobre el piso ocupado.
Pero no fue hasta el 11 de enero pasado cuando la jueza recibió el atestado policial que elaboraron los mossos tras identificar a los cuatro inquilinos ilegales e imputarles un presunto delito de ocupación ilegal y otro de usurpación de fluido eléctrico y agua, según la policía autonómica. Fuentes de los Mossos d?Esquadra explicaron que si tardaron mes y medio en elaborar el atestado es porque la juez tramitó la denuncia por la vía ordinaria, no urgente, y esa demora es la normal en casos no apremiantes.
Hasta ayer, el propietario del piso no manifestó al juzgado su interés en comparecer con asistencia letrada en las diligencias abiertas. El próximo lunes la juez tomará declaración al dueño de la vivienda y el jueves interrogará a los ocupantes del piso, que han sido citados mediante la policía autonómica, para, entre otros aspectos, averiguar si han sido o no víctimas del estafador que ellos aseguran les alquiló verbalmente el piso. Ayer Ximena, la joven que vive con su madre y su novio en el inmueble de la calle Urgell defendió la versión de la estafa y aseguró "que no tienen porque mentir" y reclamó que "no se estafe a nadie más". Una vez se esclarezca la situación, la juez podría ordenar el desalojo del piso, si lo cree conveniente, que podría producirse en las próximas semanas.
Precisamente el alcalde Jordi Hereu reclamó ayer que se agilice la tramitación judicial de este tipo de casos para ofrecer a los propietarios garantías legales de que recuperarán de forma rápida su propiedad. Hereu reconoció que se trata de una situación "anómala", pero, por esta misma razón, según dijo, las instituciones judiciales deben actuar con más celeridad. En este sentido, explicó, en referencia a los grupos que resuelven de forma inmediata este tipo de ocupaciones, que cuando el sistema falla, algunos se aprovechan de las necesidades y las desgracias de estos propietarios. Una práctica que condenó. Para evitar que prolifere, instó a los responsables de justicia a que no dilaten en el tiempo estos procesos que no benefician en nada a los propietarios de inmuebles. "No se trata de un problema policial, porque los cuerpos de seguridad acuden en estos casos, el fallo aquí es de los jueces", apuntó ayer el alcalde durante la celebración de un acto de la cooperativa Habitatge Entorn, de CC. OO. En cambio, el conseller de Habitatge, Francesc Baltasar, declinó pronunciarse sobre cómo combatir los abusos en las viviendas.
En este mismo sentido, se pronunció ayer Josep Manuel Montané, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que tiene 40.000 asociados y que se enfrenta diariamente a conflictos que surgen entre arrendadores y arrendatarios. En muchos casos, debido al impago de las rentas. Montané denunció que desde que entra la demanda en el juzgado hasta que el juez ordena el desahucio pasan de seis a ocho meses, y si el inquilino no se va por las buenas, hace falta ir de nuevo al juzgado para desalojarlo y pueden pasar otro par de meses. En total, el inquilino se puede pasar un año viviendo de gorra.
Por eso, Josep Manuel Montané reclama también mayor celeridad y que el desalojar una vivienda de un moroso se pueda efectuar de manera inmediata. Así, en el caso de la calle Urgell considera que lo primero que debería haber hecho el juez es sacar a los inquilinos de la vivienda, devolverla a su propietario y luego estudiar si los primeros tienen algún derecho para reclamarla. Critica que en el caso de la okupación no exista un procedimiento específico en la ley de arrendamientos urbanos. Por eso, instó a modificar algunos de sus artículos para dar cobertura a los desalojos.
Para la cámara, "la mejor vía para evitar morosos es exigir un avalista, porque desincentiva a los que alquilan con la idea de no pagar". "Y suscribir un seguro de impago - añaden-, al menos los primeros años, hasta comprobar que el inquilino es de fiar". De esta manera, se cubren los posibles desperfectos que pueda ocasionar el inquilino, así como el impago de las rentas. En la cámara sostienen que algunos morosos conocen todas los resquicios legales para dilatar el proceso judicial
OPINIÓN PERSONAL
-ANA
Yo pienso que esta gente se ve muy apurada y se meten en casa que no son suyas pero porque no quieren vivir en la calle, pasando frío y mal viviendo... Aunque pasen un poco de hambre por lo menos no pasaran frío. Está mal que vivan en una casa que no es la suya pero yo creo que no lo hacen de mala fe, aunque al dueño de la casa no le hará mucha gracia y se enfadará, yo haría lo mismo, pero me da un poco de pena los okupas. Se merecen un castigo pero tampoco muy gordo, porque la gente que mata a personas inocentes no tienen el suficiente castigo que se merecen y estos que solo buscan un hogar son castigados duramente.
-SHEILA
Yo pienso que no están cometiendo un delito, solo están buscando un techo en el que vivir. Yo creo que las familias que tienen hijos lo único que quieren es que sus hijos no lo pasen mal y hacen todo lo posible para que sus hijos tengan un techo en el que vivir. También hay gente que ni hace el intento de buscar un trabajo y no tiene casa ni nada y lo primero que piensan es en meterse en una casa que ni es suya; esto no lo veo nada bien ya que pueden buscar trabajo y poder pagarse un piso.
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