SIN TECHO

-Caso concreto
Las personas sin hogar, cada vez más jóvenes y con mejor formación

"Debido a la crisis, ahora nos vienen muchos que han perdido el trabajo y como consecuencia de ello a su familia", afirma responsable de un centro de acogida.

 Madrid. (Margarita Martínez/EFE).- "Cada día son más jóvenes y tienen mejor formación las personas sin hogar que acuden a nosotros, y eso me preocupa muchísimo", cuenta sor Soledad Sánchez, responsable del centro de acogida e inserción Albergue San Vicente de Paúl, ubicado en Aranjuez y que este año alcanza los treinta años de existencia.

Al estar situado en el centro de España, el albergue es un lugar de paso para personas sin hogar que proceden de toda la geografía nacional. Normalmente son españoles, ya que los inmigrantes acuden más a los centros de las capitales. "Debido a la crisis, ahora nos vienen muchos que han perdido el trabajo y como consecuencia de ello a su familia, además cada vez más jóvenes", explica sor Ascensión.
Antes, el perfil del usuario del albergue era el de una persona mayor con algún problema añadido de alcoholismo o drogadicción; ahora llegan más jóvenes, aunque la mitad de los asistentes en 2013 tenían entre 45 y 60 años.
Es muy complicado calcular el número de personas que vive en la calle, porque solo se pueden contabilizar las que pasan por albergues, pero Cáritas maneja unas cifras que se sitúan entre las 30.000 y 40.000 personas en España, y más de 3.000 en Madrid, según explica Pepa Rodríguez, trabajadora social de la institución.
En el caso concreto del albergue de Aranjuez, cuya dirección está compartida entre las Hermanas Mercedarias de la Caridad y Cáritas Diocesana de Getafe, un 77 % de las personas que llamaron a la puerta del centro el año pasado eran españolas.
"En 2013 realizamos 800 atenciones y repartimos 30.000 servicios de alimentos, entre desayunos, meriendas y cenas", señala la trabajadora social de Cáritas en el albergue.
El centro tiene dos programas: uno de ellos consiste en una atención de emergencia que dura en torno a tres días y el otro supone una atención integral, en el que se puede permanecer en torno a los siete meses.
Este último se destina sobre todo a personas que llevan poco tiempo en la calle y que están buscando empleo, con el objetivo de que el albergue sea "un puente entre la vida y la inserción social", en palabras de Pepa Rodríguez.
El curso pasado, 37 personas realizaron el curso, de las que 26 salieron del centro o consiguieron ir a otros. "Pero ninguno ha ido a la calle, incluso tenemos algunos que encontraron trabajo", añade.
Para Cáritas, el albergue de Aranjuez es una prioridad, porque realiza asesoramiento personal en el terreno jurídico, administrativo, formativo, psicológico, laboral, y se imparten talleres ocupacionales.
Además de los profesionales y voluntarios que acuden al albergue, el centro está atendido por cuatro Hermanas de la Caridad, Ascensión, Valeriana, Francisca y Carmen.
Sor Ascensión relata que algunos usuarios tienen situaciones complicadas, pero otros se han visto en la calle a causa de la crisis.
"Ahora mismo tenemos un chaval que lleva desde los cuatro años en reformatorios, centros de menores y que incluso ha estado en la cárcel, ya que su madre era heroinómana y a su padre no llegó a conocerle, siempre ha estado vigilado y aquí ha encontrado libertad, por lo que se ha dado cuenta de que quiere conocer otro mundo".
Lo que no ha cambiado con la crisis es la solidaridad de la gente, ya que el albergue sigue recibiendo los mismos donativos, sobre todo de vecinos de Aranjuez y otros municipios cercanos, así como la colaboración del Ayuntamiento, que contribuye con el mantenimiento de las instalaciones.

 

OPINIÓN PERSONAL

-ANA

Yo pienso que la gente que ha estado estudiando una carrera durante varios años, no tiene por qué no tener un trabajo, ya que conoce su profesión muy bien después de haberla estudiado tanto tiempo, es una injusticia. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno después de habérselo currado tantos años. Es una pena verlos tirados debajo de puentes, y sin nada que comer, excepto lo que se encuentren en la basura. Es una pena verlos en las calles teniendo un buen título y después de haber echado tantos currículums no hayan encontrado ni un trabajo a media jornada.

 -SHEILA.

Yo pienso que a todas esas personas que estan en la calle tendrían que ofrecerle algún puesto de trabajo para que por lo menos puedan pagarse algun piso o algo para por lo menos tener un techo. Tengan estudios o no tengan todo el mundo se merece algun puesto de trabajo, si no es en una oficina puede ser en la  vendimia o en el campo, pero por lo menos esas personas pueden tener un sueldo digno para poder pagarse sus necesidades (comida, hogar, etc). No veo nada normal el ver a gente tirada en el suelo como si fueran perros, nose como la gente puede tener esa "sangre fria" de dejar tirados a todas esas personas. Creo que tendria que poner medidas respecto a esto.

OKUPAS

-Caso concreto
Los okupas de la calle Urgell denuncian al dueño legal del piso por violar su intimidad
  La situación se complica por momentos en el inmueble de la calle Urgell. Los okupas denunciados por el propietario de la vivienda, Carlos Veiret, por usurpación formularon el jueves una denuncia ante los Mossos d?Esquadra por violación del derecho a la intimidad. Los denunciantes aseguran que un cámara de televisión, que no lograron identificar, trató de grabar la vivienda a través de la mirilla de la puerta. Los hechos ocurrieron cuando el propietario escenificaba delante de las cámaras su impotencia por entrar a su casa. Uno de los ocupantes de la vivienda ratificó ayer esta denuncia que no va dirigida contra nadie en concreto, sino contra las personas que puedan ser identificadas a lo largo de la investigación policial. La denuncia fue formulada en la comisaría del Eixample.

El propietario del piso hizo público el miércoles su situación tras varias semanas sin poder entrar en la vivienda que había heredado y que tenía previsto reformar para habitar en unas semanas. Veiret denunció que cuatro personas se instalaron en ella el pasado 28 de noviembre, al parecer - y según la versión de los ocupantes-, engañados por una mujer que les cobró 1.200 euros por dos meses de alquiler. En el piso habitan cuatro personas de origen chileno: Cristhian Andrés V. C., de 30 años; Luis Daniel A. C., de 33; Ximena Cecilia P. C., de 20, y su madre Patricia de las Mercedes C. C., de 41. Los inquilinos se aferran al dinero "que nos han estafado" para permanecer ocupando la vivienda.

Uno de los ocupantes de la vivienda, Luis D. Álvarez, aclaró ayer que "uno de los periodistas quiso grabar el interior del piso desde el exterior". Por eso, decidieron interponer la denuncia. No es la primera vez, que los inquilinos recurren a los Mossos. En la primera ocasión, llamaron cuando comprobaron que Carles Veiret había entrado en el interior de la vivienda. Es más, en esa ocasión, según explicó el propietario, los agentes le amenazaron de que los ocupantes "le podrían haber puesto una demanda por allanamiento de morada y agresión", ya que Veiret perdió los nervios y sacudió por las solapas a Luis D. Álvarez.

Entre tanto, las diligencias judiciales siguen su curso y el propietario, Carles Veiret, está citado para declarar el próximo lunes ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, mientras que los inquilinos lo harán el próximo día 25. Dicho juzgado recibió el pasado 28 de noviembre, cuando estaba de funciones de guardia, la denuncia manuscrita del dueño de la vivienda de la calle Urgell con copias de documentos del registro civil que lo acreditaban como propietario del domicilio. La magistrada incoó diligencias previas por un presunto delito de usurpación de vivienda y, el 29 de noviembre, envió por fax un oficio a los mossos para que comprobaran la veracidad de la denuncia antes de adoptar cualquier resolución sobre el piso ocupado.

Pero no fue hasta el 11 de enero pasado cuando la jueza recibió el atestado policial que elaboraron los mossos tras identificar a los cuatro inquilinos ilegales e imputarles un presunto delito de ocupación ilegal y otro de usurpación de fluido eléctrico y agua, según la policía autonómica. Fuentes de los Mossos d?Esquadra explicaron que si tardaron mes y medio en elaborar el atestado es porque la juez tramitó la denuncia por la vía ordinaria, no urgente, y esa demora es la normal en casos no apremiantes.

Hasta ayer, el propietario del piso no manifestó al juzgado su interés en comparecer con asistencia letrada en las diligencias abiertas. El próximo lunes la juez tomará declaración al dueño de la vivienda y el jueves interrogará a los ocupantes del piso, que han sido citados mediante la policía autonómica, para, entre otros aspectos, averiguar si han sido o no víctimas del estafador que ellos aseguran les alquiló verbalmente el piso. Ayer Ximena, la joven que vive con su madre y su novio en el inmueble de la calle Urgell defendió la versión de la estafa y aseguró "que no tienen porque mentir" y reclamó que "no se estafe a nadie más". Una vez se esclarezca la situación, la juez podría ordenar el desalojo del piso, si lo cree conveniente, que podría producirse en las próximas semanas.

Precisamente el alcalde Jordi Hereu reclamó ayer que se agilice la tramitación judicial de este tipo de casos para ofrecer a los propietarios garantías legales de que recuperarán de forma rápida su propiedad. Hereu reconoció que se trata de una situación "anómala", pero, por esta misma razón, según dijo, las instituciones judiciales deben actuar con más celeridad. En este sentido, explicó, en referencia a los grupos que resuelven de forma inmediata este tipo de ocupaciones, que cuando el sistema falla, algunos se aprovechan de las necesidades y las desgracias de estos propietarios. Una práctica que condenó. Para evitar que prolifere, instó a los responsables de justicia a que no dilaten en el tiempo estos procesos que no benefician en nada a los propietarios de inmuebles. "No se trata de un problema policial, porque los cuerpos de seguridad acuden en estos casos, el fallo aquí es de los jueces", apuntó ayer el alcalde durante la celebración de un acto de la cooperativa Habitatge Entorn, de CC. OO. En cambio, el conseller de Habitatge, Francesc Baltasar, declinó pronunciarse sobre cómo combatir los abusos en las viviendas.

En este mismo sentido, se pronunció ayer Josep Manuel Montané, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que tiene 40.000 asociados y que se enfrenta diariamente a conflictos que surgen entre arrendadores y arrendatarios. En muchos casos, debido al impago de las rentas. Montané denunció que desde que entra la demanda en el juzgado hasta que el juez ordena el desahucio pasan de seis a ocho meses, y si el inquilino no se va por las buenas, hace falta ir de nuevo al juzgado para desalojarlo y pueden pasar otro par de meses. En total, el inquilino se puede pasar un año viviendo de gorra.

Por eso, Josep Manuel Montané reclama también mayor celeridad y que el desalojar una vivienda de un moroso se pueda efectuar de manera inmediata. Así, en el caso de la calle Urgell considera que lo primero que debería haber hecho el juez es sacar a los inquilinos de la vivienda, devolverla a su propietario y luego estudiar si los primeros tienen algún derecho para reclamarla. Critica que en el caso de la okupación no exista un procedimiento específico en la ley de arrendamientos urbanos. Por eso, instó a modificar algunos de sus artículos para dar cobertura a los desalojos.

Para la cámara, "la mejor vía para evitar morosos es exigir un avalista, porque desincentiva a los que alquilan con la idea de no pagar". "Y suscribir un seguro de impago - añaden-, al menos los primeros años, hasta comprobar que el inquilino es de fiar". De esta manera, se cubren los posibles desperfectos que pueda ocasionar el inquilino, así como el impago de las rentas. En la cámara sostienen que algunos morosos conocen todas los resquicios legales para dilatar el proceso judicial

OPINIÓN PERSONAL
-ANA
Yo pienso que esta gente se ve muy apurada y se meten en casa que no son suyas pero porque no quieren vivir en la calle, pasando frío y mal viviendo... Aunque pasen un poco de hambre por lo menos no pasaran frío. Está mal que vivan en una casa que no es la suya pero yo creo que no lo hacen de mala fe, aunque al dueño de la casa no le hará mucha gracia y se enfadará, yo haría lo mismo, pero me da un poco de pena los okupas. Se merecen un castigo pero tampoco muy gordo, porque la gente que mata a personas inocentes no tienen el suficiente castigo que se merecen y estos que solo buscan un hogar son castigados duramente.




-SHEILA

Yo pienso que no están cometiendo un delito, solo están buscando un techo en el que vivir. Yo creo que las familias que tienen hijos lo único que quieren es que sus hijos no lo pasen mal y hacen todo lo posible para que sus hijos tengan un techo en el que vivir. También hay gente que ni hace el intento de buscar un trabajo y no tiene casa ni nada y lo primero que piensan es en meterse en una casa que ni es suya; esto no lo veo nada bien ya que pueden buscar trabajo y poder pagarse un piso.

DESAHUCIOS

-Caso concreto
Un mes para encontrar techo
Juan David García, de 55 años, y Neus Molet, de 41, ambos minusválidos y residentes en la urbanización Las Pedreras del municipio de Santa Oliva (Baix Penedès), prefirieron ayer saltarse la rutina y no llevar ellos mismos al colegio a su hijo, de 5 años. Pidieron que en su lugar lo hiciese un conocido de la familia mientras el matrimonio se quedaba apostado en el rellano de la casa, entre rosales y jaulas de aves, esperando el momento en que llegase el motivo por el que no habían podido dormir las pasadas madrugadas: el tercer intento de desahucio de su vivienda por impagos.
“¿Papá, ¿me vendrás a buscar después del cole?’, me ha preguntado. Y yo le he dicho que sí porque no quiero que sepa nada de todo esto, aunque no sé dónde dormiremos esta noche”, explicó García, que se desplaza en silla de ruedas y sufre una minusvalía del 70%. Su mujer tiene una ceguera del 90%. Ambos son vendedores de cupones de la ONCE desde hace más de dos décadas y tienen además otra hija, de 17 años, que se encuentra ingresada en un centro de rehabilitación. Poco antes de las diez de la mañana casi un centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), vecinos, el abogado de la familia, e incluso la alcaldesa del municipio y el concejal de Servicios Sociales se desplazaron hasta la vivienda. Molet tocaba sus rostros, temblorosa. “Así sé con quién estoy hablando, muchas gracias por ayudarnos, me siento pisoteada, tener vivienda es un derecho”, exclamaba.
El matrimonio, al que cortaron la luz hace meses, acumula graves deudas. Tenían una finca, pero hace ocho años solicitaron un crédito puente para comprar una vivienda y adecuarla a sus circunstancias. “Formalizaron un préstamo hipotecario de reunificación de crédito de 225.000 euros, pagaban unos 1.300 euros mensuales”, explicó el abogado de la familia, Pere Banús. En 2011 las situación económica de la pareja empezó a torcerse, no pudieron hacer frente a las cuotas y ahora el banco Primus les reclama la casa y las deudas. “El banco ya no tiene oficinas aquí, solo un despacho de abogados en Madrid y procuradores que se encargan de cobrar y desahuciar, no hay intermediarios”, detalló Banús.
La pareja acude cada día a su puesto de trabajo, pero apenas venden cupones. “Si me engañan con un billete tengo que ponerlo de mi bolsillo”, contó Molet. Una mujer va a su casa una vez por semana a realizar tareas de limpieza. “Ella no ve ni las manchas del suelo, y yo así como estoy no puedo hacerlo. No sabía que la deuda que firmé era tan elevada”, añadió el marido.
Cuando llegó la comitiva judicial, la marea de manifestantes se afanó en cerrar con llave la vivienda al grito de: “¡Sí, se puede!”. Y la presión surtió efecto. “Hemos venidos a negociar, lo que no vamos a hacer desde el Ayuntamiento es echar a nadie de su casa”, aseguró a la secretaria judicial el edil de Servicios Sociales de Santa Oliva, Miquel Vera, mientras la alcaldesa, Isabel Cubero, cogía de las manos a Molet en la entrada de la vivienda. Un furgón de los Mossos d’Esquadra estaba aparcado cerca.
Las partes lograron arrancar un pacto, aunque momentáneo. El desalojo fue paralizado hasta el 2 de junio. El Ayuntamiento se comprometió ayer a ayudarles, económicamente y en la búsqueda de una vivienda. Pero el futuro de la pareja es incierto. El abogado calcula la deuda asciende a 190.000 euros. “Lo primero es encontrarles una vivienda, después impugnaré el préstamo por cláusulas abusivas y un posible engaño”, concluyó Banús.

Opinión de Ana:
Yo pienso que no deberían de desalojar a gente que de verdad no puede pagar la hipoteca, porque no ganan lo suficiente y apenas tienen para comer ellos mismos, es una vergüenza que engañen a una pareja de ancianos, el marido paralítico y la mujer  ciega y con un niño pequeño. Deberían de dejarles la casa y ser un poquillo más considerados con los demás, deberían de ponerse en el lugar de esos ancianos y ver lo mal que lo están pasando y lo que están pasando por verse en la calle durmiendo con su pequeño. Es una lástima, menos mal que los vecinos y el ayuntamiento los están ayudando porque si no estarían ya en la calle. Ójala no les quiten la casa, es lo único que tienen para poder vivir y lo que necesita cualquier familia, un hogar.

Opinión de Sheila:
 Yo pienso que nadie se merece que lo hechen de su hogar y menos aún si tienen hijos, ya que esas criaturas no tienen porque vivir todo esto. No veo normal que gente que se a tirado un montón de años pagando la hipoteca y por razones de dinero o algo no a podio pagar la echen. Nose como no les da lastima de hacer esto, yo no podria hechar a nadie de su casa; es inhumano. Espero que pongan solución a esto porque sino no se donde vamos a llegar.